Fuerzas de Elite

Condenar no cuesta nada


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Entre el alud habitual de titulares y notas de prensa que producen todos los atentados de ETA con víctimas mortales, destacaban ayer dos que no deberían pasar desapercibidos: uno anunciaba que «un relator de la ONU pide que los delitos de terrorismo no sean competencia única de la Audiencia Nacional» y el otro que el Ayuntamiento de Legutiano «aprobó aumentar un 66% las ayudas a familiares de presos de ETA para 2008».

El primero revalida la tradicional hostilidad a nuestra democracia de los relatores de la ONU que indagan, con increíbles prejuicios y partidismo, sobre el trato que reciben en España los etarras. El segundo descubre el secreto de Polichinela: lo muy lejos que está ETA de padecer el «aislamiento social» que ayer proclamaba el president Montilla, tan ufano.

Lamentablemente, Montilla no tiene razón, porque la banda también cuenta con importantes apoyos, tanto en las instituciones internacionales como en las municipales vascas. Que en el primer caso se deban a simpatías ideológicas estúpidas -alimentadas, por cierto, en el desastroso proceso de paz del anterior Gobierno presidido por Zapatero- y en el segundo, al miedo vulgar, no cambia el hecho en sí: cada vez que actúa y obtiene un éxito sangriento, ETA recoge una cosecha de condenas más o menos inspiradas o exasperadas, pero también una oleada de apoyos que prueban la eficacia del terrorismo para conseguir ventajas imposibles de alcanzar por otros medios. Pues si no mediara su capacidad demostrada para matar a gente inocente, como al guardia civil Juan Manuel Piñuel, asesinado en Legutiano, ni el Ayuntamiento alavés aprobaría partidas para apoyar a familiares de ETA que acaban ayudando a la banda, ni los antidemócratas sin causa que pululan por algunas agencias de la ONU se ocuparían de pedir más ventajas para los terroristas mientras se desentienden de los derechos humanos de sus víctimas.

La experiencia acumulada en los casi 30 años que han pasado desde que se aprobó la Constitución permite augurar, con altísima probabilidad de acierto, que las condenas unánimes a ETA y las exigencias de unidad sin fisuras de los demócratas, se las llevará el viento tan pronto como el atentado de ayer, y sus secuelas, desaparezcan de los medios de comunicación. Se habrá condenado, faltaba más, pero en gran parte habrá sido una condena ritual, exigida por el luto. Al día siguiente, a otra cosa: los problemas del PP, las fantasías del PSOE, la crisis que es o no es según para quién, la financiación autonómica que se derrumba y todo lo demás. Sólo a las personas que no han conseguido acostumbrarse a estas pésimas noticias, comenzando por las víctimas del terrorismo, les durará más tiempo el nudo en el estómago y la desolación por la vida arrebatada al asesinado y por las destrozadas.

Ir más allá de la condena ritual exigiría algunas decisiones políticas del Gobierno que, por ejemplo, habrían impedido que ayer fuera, también, día de la toma de posesión de Conde-Pumpido como fiscal general del Estado. ¿Es que alguien puede creer que el fiscal que permitió la vuelta de la franquicia política de ETA a los ayuntamientos vascos es el más adecuado para echarlos de nuevo y mandarlos a la cárcel? Y el vigoroso esfuerzo por integrar al nacionalismo vasco en la «unidad de los demócratas contra el terrorismo», ¿puede resultar verosímil?: ¿es que alguien informado puede creer que el PNV, y no digamos la izquierda abertzale, se sumará a la lucha contra ETA, salvo en el caso de que no le quede absolutamente ninguna otra alternativa? Pero si anteayer la portavoz del Gobierno de Ibarretxe, Miren Azkarate, consideraba «exagerado» acusar a ETA de atentar contra las empresas que construyen el TAV vasco; pero si Ibarretxe, imperturbable en su alucinada idiocia moral, volvía a reprochar a ETA que «estorba» -como si fuera un jarrón chino enorme, no una banda terrorista- y que sus asesinatos dan «mala fama» a los vascos (quiere decir a los nacionalistas).

El sindicato nacionalista más importante, ELA -nada moderado-, ha coincidido al 100% en este lenguaje, como Aralar, mientras los componentes de la izquierda abertzale han callado y consentido, y probablemente ayudado. Pero esto no le importa a quienes aprovechan para señalar la «gran oportunidad» de que alguien haya sido asesinado para que la izquierda abertzale se luzca criticando a ETA, aunque sólo sea un poquito, o para que la propia banda vuelva a la tregua y al proceso.

En fin, si las condenas de rigor del Gobierno y el PSOE tuvieran alguna verdadera intención de ir más allá, asumiendo el coste político de rectificar realmente su estrategia fracasada, habrían convocado enseguida una reunión con la oposición para avanzar hacia un nuevo pacto de Estado contra el terrorismo. Y no vale invocar como excusa para no hacerlo las dificultades internas del PP, aprovechando de paso para incrementarlas, o las excusas del PNV para no condenar los fines de la banda. Mientras eludir el enfrentamiento ilimitado siga siendo la tónica para tratar con ETA, no habrá duda de que, a pesar de las condenas, el terrorismo perdurará como otro actor más del guión político, en vez de ser tratado de una vez como un mal intolerable a erradicar, ya, con todas las de la ley.