El ministerio de defensa facilita a los militares el paso a la seguridad privada
Gracias al convenio entre el Ministerio y la patronal, el sector espera cubrir parte de las 20.000 plazas libres que hoy se ofertan.
El sector de la seguridad privada acogerá a ex miembros de las Fuerzas Armadas con los brazos...
Jorge Bustos
El sector de la seguridad privada debe de ser uno de los pocos hoy, en España, que no sólo no despide trabajadores, sino que los necesita imperiosamente. Lleva una década creciendo a una media cercana al 7% anual, y tiene 20.000 plazas vacantes, según el último informe presentado por la patronal, la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser). En el mismo informe, hecho público en diciembre de 2007 —y donde ya se apuntaba la “desaceleración” que sobrevendría en 2008—, Aproser explica que la falta de mano de obra se debe, entre otras causas, “a un proceso de habilitación excesivamente burocrático, así como a una legislación excesivamente estricta”. Pero si alguien puede vencer las trabas legales, ese es el propio Estado. Así, el pasado 5 de agosto se conocía el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Defensa y Aproser para hacer posible la incorporación al sector de la seguridad privada de militares profesionales que consideren terminada su carrera en las Fuerzas Armadas Españolas (FAS). El convenio de colaboración, negociado durante el pasado mes de junio, establece los cauces precisos de este trasvase de personal. Defensa decidirá las prioridades sobre el personal y sobre las zonas de actuación, de ámbito nacional.
El convenio se dirige preferentemente a profesionales de tropa y marinería con, al menos, cinco años de servicio en las FAS. Lo normal será que accedan a vigilantes los militares con rango de soldado, cabo, cabo primero y hasta cabo mayor, máxima graduación que un recluta puede alcanzar en cinco años. Pero tampoco cabe descartar que un oficial cansado prefiera cambiar la cabina de un caza o de un carro blindado por la garita de un polígono empresarial.
Aproser se compromete a “identificar las empresas de su asociación con puestos de trabajo susceptibles de absorber al personal militar de tropa”; ofrecer cada mes al Ministerio dichos puestos disponibles; e informarle semestralmente acerca de los militares contratados. Por su parte, Defensa deberá “facilitar la participación de los candidatos en las acciones de orientación y formación previstas y en las pruebas convocadas” dentro del proceso de habilitación, que depende de Interior; y gestionar las autorizaciones necesarias para las actuaciones y los permisos de los militares seleccionados en los programas de salidas profesionales. Es decir, que el Estado promete allanar la burocracia con que hasta ahora tropezaban los aspirantes. Una comisión velará por el cumplimiento de estas condiciones. El convenio ya está en vigor, aunque aún no se han registrado solicitudes: “Lo estamos implantando todavía en las distintas comunidades”, dicen desde Aproser.
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