Citar:
Dirección General de Protección Civil y Emergencias
MADRID , 19/05/2008
En colaboración con distintos Órganos de la Administración del Estado y Autonómicos
La Unidad Militar de Emergencias organiza un simulacro que obliga a declarar el nivel de emergencia de “interés nacional”
Se simula un accidente de un vehículo de transporte de mercancías peligrosas que provoca un incendio forestal que afecta a dos Comunidades Autónomas
Intervienen los Ministerios del Interior, Defensa, Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, así como las Delegaciones del Gobierno afectadas y el Consejo de Seguridad Nuclear
Participan también las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha y Valencia
Se trata de verificar la capacidad de organización, la eficacia de los medios técnicos y el funcionamiento y cobertura de las comunicaciones
La Unidad Militar de Emergencias, en colaboración con diversas Direcciones Generales de los Ministerios del Interior, a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias; Defensa, Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, así como el Consejo de Seguridad Nuclear, las Delegaciones del Gobierno y las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha y Valencia, organiza el primer simulacro de una emergencia que alcanza el nivel máximo y que obliga a declararla de “ interés nacional”.
Escenario del simulacro
El ejercicio, que tendrá lugar los días 20 y 21, simula un gran incendio forestal provocado por un accidente en un vehículo que transporta mercancías peligrosas. El incendio se va extendiendo, de forma que afecta a dos Comunidades Autónomas: Castilla-La Mancha y Valencia.
A la vista del riesgo para la población y de las dimensiones que adquiere el suceso, que va pasando por los distintos niveles de emergencia (0, 1 y 2), se declara la emergencia de “interés nacional” (nivel 3), por Resolución del Ministro del Interior.
Aunque, en la realidad, no se va a producir un despliegue de efectivos sobre el terreno, la actuación supondría un importante despliegue de medios humanos y materiales de todos los Organismos involucrados en el ejercicio: bomberos, brigadas forestales, policía, servicio 112 de las Comunidades Autónomas afectadas y efectivos de distintos batallones de la UME.
Actuaciones del Ministerio del Interior
En el nivel 3, bajo la dependencia del Ministro del Interior, corresponde al Jefe de la UME, teniente general Fulgencio Coll Bucher, la dirección y coordinación operativa de las actuaciones a realizar en la zona siniestrada.
Además, se constituye el Comité Estatal de Coordinación (CECO) que preside la Directora General de Protección Civil y Emergencias, Pilar Gallego, y que se encarga de coordinar, a nivel nacional, los recursos a movilizar durante la emergencia, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas no afectadas, con el fin de preservar y socorrer la vida de las personas y bienes que pudieran verse afectados.
Si las circunstancias lo exigieran, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias también podría solicitar medios internacionales a través de los correspondientes Acuerdos Bilaterales y del Mecanismo Europeo de Protección Civil, del que es punto de referencia.
Órganos participantes
Por parte de la Administración General del Estado, intervienen en este ejercicio, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, así como la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil del Ministerio del Interior; la Dirección General del Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino; el Estado Mayor Conjunto y la Dirección General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa, así como el Consejo de Seguridad Nuclear.
Al tratarse de la primera vez que se organiza un ejercicio de estas características, participan sólo dos Comunidades Autónomas: Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, así como las respectivas Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno.
Verificar la capacidad organizativa
Con este ejercicio se pretende verificar la capacidad de organización, la eficacia de los medios técnicos, así como el funcionamiento y la cobertura de las comunicaciones, además de extraer conclusiones prácticas para su aplicación en casos reales y en futuros ejercicios de este tipo, en los que podrán intervenir otras Comunidades Autónomas interesadas.