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 Asunto: Re: Noticias
NotaPublicado: 26 Sep 2020 13:54 
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Patronal y sindicatos de la seguridad privada han llegado a un acuerdo salarial que supondrá una subida del 1% para el año 2021 y que beneficiará a 80.000 trabajadores. El pacto ha sido rubricado por las asociaciones empresariales APROSER y ASECOPS, el sindicato UGT, mayoritario en la mesa negociadora, y USO.

Desde UGT han destacado el valor del acuerdo, ya que llega en una situación y un momento desfavorable tanto sanitaria como económicamente. Para el sindicato, mantener en vigor el convenio sectorial así como garantizar y mejorar las condiciones laborales, sociales y económicas del colectivo partía como objetivo primordial de la negociación que con vigencia de un año de duración y un incremento salarial del 1% «debe servir para tratar elementos de reconstrucción que serán vitales para el presente y futuro próximo de la empleabilidad y mantenimiento de la actividad».

Según han avanzado, el ingreso en la profesión desde la formación profesional, coeficientes reductores sobre jubilación, la situación del transporte de fondo ante el descenso del uso del efectivo, serán tratados en futuras mesas sectoriales.

Además, el sindicato ve «fundamental» derogar por parte del Gobierno la prevalencia de los convenios de empresa, así como recuperar el contrato de relevo, la búsqueda de nuevos espacios de actuación y la no utilización por parte de los clientes públicos y privados de sus procesos de contratación de servicios para abaratar costes y provocar reducciones de personal.

«Estas reivindicaciones se están tratando con distintos ámbitos políticos de este país y, junto con el mantenimiento del convenio sectorial son vitales ante una situación económica y sanitaria del país que tiende a empeorar en los próximos meses y que afecta y seguirá afectando a la totalidad de trabajadores de nuestro país y, por ende, al colectivo de seguridad privada», ha señalado el sindicato.
https://okdiario.com/economia/patronal- ... 21-6194414

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 Asunto: Re: Noticias
NotaPublicado: 25 Oct 2020 11:51 
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Las compañías de seguridad generaron un volumen de negocio en España de 4.855 millones de euros en 2019, cifra un 4% superior a la del año anterior y que supuso alcanzar un máximo histórico, según el Observatorio Sectorial DBK (filial de CESCE).

En concreto, los servicios de vigilancia, a pesar de su alto grado de madurez, siguen conformando la principal área de actividad. Así, los ingresos generados por los operadores del sector en este segmento se cifraron en 2.650 millones de euros en ese año, un 1,9% más que en 2018, concentrando el 54,6% del total.

Por su parte, el valor del mercado derivado de la actividad de instalación, mantenimiento y conexión a CRA de sistemas electrónicos se incrementó un 6,3%, hasta alcanzar los 1.830 millones de euros, concentrando el 37,6% del total y actuando como principal impulsor del crecimiento del negocio.

«El mayor dinamismo del segmento de sistemas respecto al resto de áreas de seguridad privada se explica por la tendencia de sustitución de servicios de vigilancia presencial por sistemas electrónicos de seguridad y el desarrollo tecnológico, que está permitiendo la comercialización de equipos con prestaciones cada vez más avanzadas», ha apuntado el informe.

Por su parte, el mercado de transporte de fondos generó en 2019 unos ingresos de 375 millones de euros, un 7,8% más que en el año anterior, representando el 7,7% del negocio total.

Previsiones 2020

Las previsiones apuntan a un cambio de tendencia en la evolución del volumen de negocio sectorial, que se desplomará en 2020 tras cinco años consecutivos de crecimiento, por el impacto de la crisis del coronavirus en el sector.

A este respecto, el incremento puntual de la contratación para atender actividades esenciales durante los meses más críticos de la crisis sanitaria del coronavirus y el positivo impacto que actualmente tienen los nuevos protocolos de seguridad no podrán compensar el notable recorte de la demanda en ámbitos como el aeroportuario, el comercial y el de ocio.
https://okdiario.com/economia/volumen-n ... es-6331559

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 Asunto: Re: Noticias
NotaPublicado: 03 Dic 2020 22:55 
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El administrador concursal de Ombuds Compañía de Seguridad S.A., la empresa de seguridad privada que fue a concurso de acreedores el 29 de julio del año pasado dejando a miles de empleados en la estacada, solicita al juez que inicie la tramitación de un expediente de regulación de empleo para «extinguir la totalidad de los contratos de trabajo adscritos al servicio de apoyo a la seguridad de los centros penitenciarios del Ministerio del Interior».

Cuando comunicó su concurso, Ombuds era la tercera empresa de seguridad privada de España -tras Prosegur y Securitas- y empleaba a casi 10.000 personas. Estaba dirigida por el empresario Rodrigo Cortina.

Tal y como ha dicho el administrador concursal, «estando próxima la fecha de finalización de la suspensión, y ante la falta de adjudicación del servicio a otra empresa en el periodo marcado, nos vemos en la obligación de iniciar un expediente extintivo».

Este periódico se puso en contacto con fuentes oficiales del Ministerio del Interior, que han asegurado que trabajan para volver a presentar un pliego de condiciones para que otra empresa de seguridad privada se quede con los trabajadores. Desde la cartera dirigida por Fernando Grande-Marlaska se ha asegurado que se trabaja en ello y que se presentará «en tiempo y forma». Sin embargo, ni el administrador concursal ni el sindicato CCOO consideran que esto esté ocurriendo, pues apenas queda tiempo para que este pliego de condiciones se publique y tramite, pues los despidos se producirán el 31 de enero sí o sí y las Navidades están por medio, lo cual dificulta las cosas.

La deuda

El problema de que no se pueda adjudicar, además de la falta de iniciativa del Ministerio de Marlaska, es la enorme deuda con la Seguridad Social que Ombuds dejó sin pagar, y que tendría que ser asumida por el nuevo contratante. Por eso, aseguran, Interior debería de hacer una oferta muy buena por los contratos de prisiones que por el momento no se está produciendo.

Por ello, fuentes conocedoras de la situación consideran que lo más probable es que Interior presente un pliego de oferta que no sea atractivo para las empresas, y que dada la enorme deuda que acarrean las cotizaciones de esos empleados, acabe sin ninguna oferta y con la consiguiente extinción de los empleos.

Estos trabajadores de seguridad privada son en su mayoría ex escoltas provinientes del País Vasco y Navarra en la época en que ETA estaba activa, asesinando y amenazando a parte de la sociedad. Tras el fin de la violencia, muchos de estos escoltas se recolocaron en las cárceles.

Desde diciembre del año pasado, Ombuds está tramitando su ERE de extinción para la mayoría de sus servicios, aunque los contratos más rentables han conseguido subrogarse a otras empresas, como por ejemplo Metro de Madrid, con las líneas 7 y 9, que adquirió la empresa Segurisa.

Sin embargo, muchos otros servicios no han sido adjudicados ni tampoco han sido despedidos todavía, ya que se encontraban en una suspensión temporal de empleo y dependiendo del Ministerio de Interior. Se trata de 184 trabajadores de seguridad privada que prestaban servicios de asistencia complementaria a los funcionarios en cárceles de Castilla-La Mancha, Madrid, Álava y Extremadura. En total casi 200 trabajadores que, pese a estar contratados por la empresa de seguridad privada, ahora en liquidación, dependían completamente del Ministerio del Interior, que era el responsable de sacar un nuevo pliego de licitación para adjudicar ese servicio a otra empresa.

El despido de los empleados era inminente dado que en los acuerdos alcanzados con el juzgado mercantil, se había marcado como fecha límite para terminar con el ERTE en prisiones el 31 de enero

El despido de estos empleados era inminente, según los trabajadores, dado que en los acuerdos alcanzados con el juzgado de lo mercantil 13 de Madrid, el año pasado, el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para los empleados de prisiones tiene como fecha máxima el 31 de enero de 2021. Dado que apenas quedan dos meses para esta fecha, y que un procedimiento de ERE tiene unos plazos temporales que hay que cumplir de acuerdo a la ley, la administración concursal del bufete Baker Tilly ha tenido que iniciar ya el proceso de despidos.

Periodo de consultas

El administrador concursal de Ombuds señala en un comunicado al que ha tenido acceso OKDIARIO, y realizado este mismo miércoles, que se insta a los representantes de los trabajadores a que «en el plazo máximo de quince días se constituya la comisión representativa de los trabajadores de la empresa a fin de iniciar el período de consultas correspondiente que podrá estar integrada por un máximo de 13 miembros en representación de cada
una de las partes».

Todo ello, aseguran, tiene en cuenta que «en los próximos días la administración concursal incoará de la Juez del concurso la tramitación del procedimiento tendente a la finalización de los contratos».

De este modo, se prevé que la primera reunión de inicio formal del periodo de consultas se inicie el día 18 de diciembre de 2020 o con anterioridad.

Intento de reflotar

El administrador concursal, junto con el juez mercantil que lleva el caso de Ombuds, han intentado por todos los medios permitir que la empresa obtuviera liquidez para poder sobrevivir a la situación que la llevó al concurso de acreedores, una liquidez que le impidió pagar los sueldos en junio del año pasado. Sin embargo, tal y como asegura el administrador Ferran Zaragoza, ha sido imposible.
https://okdiario.com/economia/ombuds-co ... ka-6522183

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